Cuando se trata de cambios legislativos, los detalles hacen toda la diferencia. Y en el caso de la reforma más reciente a la Ley del Infonavit, hay un nuevo ajuste que los empleadores no pueden pasar por alto: la obligación de continuar con los descuentos de crédito Infonavit aun cuando el trabajador se encuentre incapacitado.
A más de un mes de que se publicó esta reforma, la ambigüedad en su aplicación sigue generando incertidumbre, particularmente en cómo se debe proceder cuando un colaborador no está devengando salario por estar bajo una incapacidad expedida por el IMSS.
La modificación al artículo 29 de la Ley del Infonavit especifica que los empleadores deberán mantener los descuentos relacionados con el crédito hipotecario del trabajador, aun en los periodos de incapacidad o ausencia. Esto rompe con el criterio que se había seguido hasta ahora, en el que dichos descuentos se suspendían porque no había salario del cual retener la cuota correspondiente.
Esta nueva disposición ha sido reiterada por el propio Infonavit a través de sus Criterios Normativos de Recaudación Fiscal emitidos en marzo, aunque aclaran que aún se estudia conceder un periodo de adaptación para su implementación formal.
Según expertos legales, este cambio coloca a los empleadores en una posición compleja y riesgosa. Tradicionalmente, cuando un colaborador se incapacita, el IMSS es quien cubre su ingreso temporal, y por ende, el empleador dejaba de efectuar descuentos sobre un salario que ya no estaba pagando.
Ahora, sin ese flujo salarial, la empresa debe asumir temporalmente ese compromiso financiero con el Infonavit, a cuenta del trabajador. Esta dinámica crea lo que muchos abogados están calificando como una obligación sin sustento operativo claro, y que incluso podría ser objeto de amparos legales por parte de las empresas.
Aunque la reforma es legalmente vinculante, no se acompañó de una actualización completa del artículo 29. Específicamente, no se modificaron las fracciones que regulan cómo y cuándo pueden hacerse descuentos sobre el salario del trabajador, lo que deja abierta la puerta a interpretaciones, confusión y riesgo operativo.
Carlos Ferran Martínez, abogado especialista en derecho laboral, advierte que la medida no solo es contradictoria con otras disposiciones de la Ley Federal del Trabajo —que limita los porcentajes de descuento sobre el salario—, sino que además representa una carga financiera no recuperable para los empleadores mientras el trabajador se encuentra inactivo por causas médicas.
Uno de los riesgos más delicados es el efecto dominó que puede tener esta obligación en la inscripción o permanencia dentro del padrón REPSE. Cualquier diferencia con el Infonavit por la implementación incorrecta de los descuentos podría terminar generando una constancia de incumplimiento negativa, que afecte directamente la operación de empresas proveedoras de servicios especializados.
Adicionalmente, se genera un tema contable: ¿cómo documentar y recuperar esos descuentos realizados en ausencia de una nómina activa? La respuesta no es clara aún, y dependerá de lineamientos que todavía están por definirse
Ante la falta de certidumbre jurídica, muchos especialistas coinciden en que lo más sensato es mantenerse informados, documentar rigurosamente cada caso y, en caso de ser necesario, recurrir a vías legales como los amparos.
Y aquí es donde herramientas como Worky pueden marcar la diferencia. Nuestra plataforma no solo centraliza y automatiza los procesos de nómina y gestión de incapacidades, sino que permite llevar un control detallado y auditable de todos los movimientos relacionados con descuentos legales. Además, al estar alineada con las regulaciones vigentes, Worky puede ayudarte a documentar de manera sólida cualquier incidencia y prepararte ante auditorías o revisiones del Infonavit.
Con una recuperación de cartera que en 2024 superó los 211 mil millones de pesos, el Infonavit está priorizando cada peso que entra por amortizaciones, lo que explica en parte el endurecimiento de sus reglas. Sin embargo, esta nueva realidad también plantea una necesidad urgente de claridad normativa y responsabilidad compartida entre el IMSS, el Infonavit y los empleadores.
En tanto no lleguen reglas más precisas, el cumplimiento proactivo, el análisis legal y la correcta documentación son las mejores defensas de las empresas frente a un panorama que podría escalar en complejidad.
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