Desde el pasado 17 de junio de 2024, un hito en el derecho laboral mexicano entró en vigor: la Ley Silla. Esta reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) no es un simple ajuste, sino el reconocimiento de un derecho fundamental para miles de trabajadores en México: la posibilidad de descansar en una silla con respaldo durante su jornada laboral.
Su principal objetivo es la prevención de riesgos de trabajo asociados con permanecer de pie por tiempos prolongados, una condición que, según encuestas de OCC, afecta a casi la mitad de los trabajadores en esta situación, causando dolores de espalda y cansancio crónico.
Esta legislación es crucial, especialmente para centros de trabajo del sector servicios, comercio y análogos, aunque en la industria se aplica si la naturaleza del trabajo lo permite. La Ley Silla establece dos pilares fundamentales: la obligación de las empresas de proporcionar sillas suficientes con respaldo y la prohibición de obligar a los empleados a desempeñarse de pie durante toda su jornada laboral. Esto busca saldar una deuda histórica, ya que México tenía un rezago de hasta 110 años en este tema en comparación con otras economías.
Aquí es donde la Ley Silla se pone seria. El incumplimiento de estas nuevas obligaciones no es solo una falta administrativa, sino que conlleva sanciones económicas significativas y, en casos extremos, puede impactar directamente la operación de tu negocio.
De acuerdo con lo previsto en la Ley Federal del Trabajo, las multas por incumplir la Ley Silla pueden ir desde los $28,285 pesos hasta los $282,850 pesos (equivalente a 250 a 2,500 veces la Unidad de Medida y Actualización, UMA). Como señala Jimena Sánchez Argoytia, socia fundadora de Employment Legal Aid, estas multas pueden ser considerables, especialmente para empresas más pequeñas.
Pero la amenaza va más allá de lo económico. Expertos advierten que, en casos de reincidencia de incumplimiento, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tiene la facultad de suspender temporalmente la operación del centro de trabajo.
"El impacto económico es considerable porque no todas las empresas tienen la capacidad de pagar multas", afirma Sánchez Argoytia. La cuantificación de la sanción considera factores como la intención de incumplimiento, la gravedad de la infracción, los daños causados, la capacidad económica del infractor y la reincidencia.
Aunque la Ley Silla entró en vigor el 17 de junio, es fundamental entender los plazos y las acciones que tu empresa debe llevar a cabo para evitar estas sanciones.
Ante la complejidad de implementar la Ley Silla, contar con la tecnología adecuada es esencial. Un software integral de Recursos Humanos y Nómina como Worky se convierte en tu mejor aliado para garantizar el cumplimiento normativo y optimizar la gestión de tu capital humano.
¿Cómo puede Worky ayudarte específicamente con la Ley Silla?
La Ley Silla representa un avance significativo en los derechos laborales y la salud ocupacional en México. Para las empresas, entender y actuar proactivamente sobre sus obligaciones no solo es una cuestión de cumplimiento legal, sino una inversión en el bienestar de sus trabajadores y la prevención de riesgos económicos y operativos. Con la ayuda de un software como Worky, puedes transformar este desafío en una oportunidad para fortalecer la cultura de tu organización y asegurar tu competitividad.